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A vueltas con las sentencias sobre la Plusvalía del Ayuntamiento..

En julio de 2017, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la liquidación de la plusvalía en la venta de una propiedad porque no se puede dejar al arbitrio de la Administración la aplicación de este impuesto.

La parte recurrente insistía en que no existía incremento de valor susceptible de ser gravado con el impuesto y defendía la suficiencia de la prueba aportada, de la que claramente resultaba, por comparación de precio de escrituras, la pérdida de valor sufrida.

Sin embargo el ayuntamiento correspondiente, se oponía al recurso, porque entendía, como hizo la Sentencia de Primera Instancia que era insuficiente, como prueba, la simple presentación de las escrituras de adquisición y venta a los efectos de acreditar la inexistencia de incremento de valor.

La Audiencia de Madrid fue contundente y señaló que la liquidación debía ser anulada, en cuanto que fue girada en aplicación de preceptos que han sido expulsados del ordenamiento jurídico por considerarse nulos y por lo tanto, lo que resultare de ellos, no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial alguna.

Tal como señala la Nota de prensa del Poder Judicial, los magistrados efectúan un exhaustivo ejercicio técnico de interpretación de la jurisprudencia existente en este campo, especialmente de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de febrero y 1 de marzo de 2017, para concluir que, tal y como establece el Alto Tribunal:

No es ajustado a derecho “dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento” del valor de la propiedad.

El Constitucional insiste, y así lo recoge la sentencia de la Sala del TSJ de Madrid, que la determinación del incremento o decremento del valor queda reservada al legislador y no al aplicador del impuesto, en este caso, la Administración municipal.

“A la vista de cuanto antecede entendemos en definitiva que la liquidación debe ser anulada, en cuanto girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal (comparación de valores escriturados, comparación de valores catastrales, factores de actualización, aplicación de normas de otros impuestos..) en ejercicio o forma de actuación expresamente rechazado, pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza”, esto es, “dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento”, determinación que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada, no al aplicador del derecho, que con ello habría de quebrantar principios de seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han determinado la declaración de inconstitucionalidad”

Sin embargo, hay que tener en cuenta, que esta Sentencia ha sido recurrido y habrá que esperar a lo que diga el Supremo.

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