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    Antecedentes de la reciente sentencia del tribunal supremo sobre los coeficientes multiplicadores sobre el valor catastral

    Aún por determinar los efectos de las demoledoras sentencias del Tribunal Supremo de las que nos hacíamos eco en nuestra entrada anterior, es interesante conocer la génesis de las mismas, por cuanto, esto siempre puede suponer de interesante para evaluar el alcance de las mismas.

    La actual posición del Tribunal Supremo, tiene su origen, entre otros antecedentes, en los votos particulares que el magistrado Don Francisco José Navarro Sanchís, incorporó a las sentencias del Tribunal supremo del 6 de abril de 2017, números: 1358 y 1361 de 2017, sentencias, con poco más de un año respecto a las que se acaban de publicar y que respaldaban el sistema de coeficientes multiplicadores del valor catastral como medio de valorar los inmuebles objeto de transacción.

    De ese extenso voto vale la pena citar los siguientes pasajes:

    “Es digno de elogio el designio de evitar la litigiosidad, pero no a toda costa, pues parece que la preocupación que late en órdenes autonómicas de esta clase es la de enervar los efectos adversos de una jurisprudencia que reclamaba dar cuenta razonada de las valoraciones acometidas, tratando de orillar con este nuevo método que se mantenga el control judicial por el sencillo método de suprimir tales comprobaciones, ya que dudosamente puede admitirse que la aplicación de los coeficientes generales previstos en la orden suponga, en sentido propio y genuino, una comprobación”.

    Es decir, “se ha reemplazado un medio de comprobación por algo que no puede ser considerado como un medio de comprobación ( art. 57 LGT )”. El magistrado señalaba que la tesis del Tribunal Supremo en abril de 2017 defendía que “es admisible situar el valor real en el empleo de coeficientes generales y únicos para todo el municipio, prescindir por tanto de cualquier actividad de individualización y deferir a un hipotético y potestativo empleo de la tasación pericial contradictoria la resolución de las discrepancias y objeciones del interesado al respecto”.

    Indicaba entonces el magistrado Navarro Sanchís que “Uno de los sustentos argumentales de la sentencia, en su opinión también erróneo, era la de salvar la legalidad de la orden  por cuanto siempre le queda al interesado la opción de promover una tasación pericial contradictoria y, desde luego, la ulterior impugnación jurisdiccional de la liquidación”.

    Pero el magistrado ya señalaba entonces que esta tasación pericial contradictoria se configuraba como “un medio impugnatorio sui generis que se desarrolla tras la adopción de la liquidación y como alternativa al empleo del recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa. Es decir, que ha de operar frente a un acto definitivo, rodeado de todas las presunciones y prerrogativas propias de tales actos, como las de legalidad, acierto y ejecutividad”, lo que definitivamente hace muy gravoso para el administrado su impugnación y defensa.

    Pero es que además, el magistrado autor del voto particular, coincidía con la Sala que había anulado la normativa autonómica (recuérdese que tratamos una sentencia del Supremo como Casación de otra Sentencia de un Tribunal inferior) al señalar que “tal orden establece índices multiplicadores del valor catastral, únicos para cada municipio e inmunes a toda idea de singularidad, concreción y motivación específica, la tasación pericial contradictoria se presenta como un instrumento inútil o de utilidad muy reducida para reaccionar frente a una liquidación que se ha limitado a efectuar una pura operación aritmética, en aplicación de una disposición general que se viene a conceptuar a sí misma, no como un instrumento de auxilio a la comprobación, sino como la comprobación misma; no como un medio dirigido a obtener el valor real, sino como expresión única e invariable de tal valor real.”

    Concluía el magistrado entonces que la tasación pericial contradictoria poco podría aportar, si el “presupuesto de partida es que el valor real ya no es el asociado al mercado -el que pactarían sujetos de derecho independientes en un negocio traslativo de la titularidad de un inmueble libre de cargas- sino que es el resultante de aplicar los coeficientes o índices multiplicadores del valor catastral, pues es en ellos donde reside ahora tal valor intrínseco”.

    Afortunadamente, para todos los ciudadanos, el Tribunal Supremo ha corregido la posición que mantenía hasta ahora y que se reflejaba en las sentencias mencionadas de abril de 2017, para, acogiendo las tesis del magistrado Navarro Sanchís y otras, anular un sistema arbitrario que hacía poco menos que imposible al administrado hacer valer la veracidad de los valores que había establecido en su declaración.

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