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    ¿Qué determina la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de Febrero de 2017 y de 11 de mayo de 2017?

    La primera de las Sentencias del Alto Tribunal, si bien inadmite la cuestión de inconstitucionalidad promovida respecto de los arts. 107 y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (normativa estatal), declarando inconstitucionales y nulos únicamente los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipúzcoa, viene a sentar la idea general de que dicho Impuesto no puede exigirse en la medida que someta a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión.

    De dicho pronunciamiento judicial se desprende que resultan contrarias al marco constitucional las normas reguladoras del Impuesto que no hayan previsto excluir del Tributo a las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor.

    En ese sentido y en palabras del Tribunal Constitucional, si bien es admisible que «el legislador establezca impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica, estén orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza» (entre muchas, SSTC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 14; y 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 5), en ningún caso podrá establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia [entre las últimas, SSTC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 7; 53/2014, de 10 de abril, FJ 6.b); y 26/2015, de 19 de febrero, FJ 4 a)].

    Para continuar afirmando que si el hecho imponible «es el acto o presupuesto previsto por la ley cuya realización, por exteriorizar una manifestación de capacidad económica, provoca el nacimiento de una obligación tributaria» (SSTC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 4; y 96/2013, de 23 de abril, FJ 12), es patente que el tributo tiene que gravar un presupuesto de hecho revelador de capacidad económica [SSTC 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 4; y 62/2015, de 13 de abril, FJ 3 c)], por lo que «tiene que constituir una manifestación de riqueza» (SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13; y 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 4), de modo que la «prestación tributaria no puede hacerse depender de situaciones que no son expresivas de capacidad económica» (SSTC 194/2000, de 19 de julio, FJ 4; y 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 5).

    Lo que permite considerar que; “todo tributo que agotase la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (en sentido parecido, STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 9) o que sometiese a gravamen una riqueza inexistente en contra del principio de capacidad económica, estaría incurriendo en un resultado obviamente confiscatorio que incidiría negativamente en aquella prohibición constitucional (art. 31.1 Constitución Española).

    Por su parte, a pesar de que en la resolución judicial comentada el Tribunal Constitucional no admitiera la cuestión de inconstitucionalidad respecto de los arts. 107 y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (normativa estatal), al centrar su debate procesal en la regulación foral de Guipúzcoa, sí se ha pronunciado al respecto en su Sentencia de 11 de mayo de 2017, declarando inconstitucionales por las mismas razones a los artículos 107.1, 107.2, letra a) y 110.4, en la medida en que su aplicación conlleve la tributación de situaciones de inexistencia de incrementos de valor al momento de la transmisión de inmuebles, en tanto que se vulnera el principio de capacidad económica.

    En definitiva, de las resoluciones judiciales tratadas se concluye que lo que es objeto de gravamen es el incremento real o potencial, que es lo que grava el Impuesto y permite su liquidación.

    En consecuencia, el criterio que sigue el Tribunal Constitucional determina que resulta confiscatorio aplicar un tributo a quien se empobrece al vender un inmueble que compró en su día por más valor del que ahora recibe, de manera que si no existe dicho incremento no nace el presupuesto jurídico determinante del impuesto, lo que imposibilita su exacción.

    Y es que hay que diferenciar que el hecho imponible del IIVTNU exige, como presupuesto necesario, que se produzca un incremento de valor del terreno en el momento del devengo del impuesto, teniendo en cuenta el período que se considere en la correspondiente liquidación tributaria.  La base imponible del impuesto, en cambio, solamente se tendrá en cuenta cuando se ha producido el incremento del valor del terreno, cuantificándolo de una manera objetiva.

    Ello supone que atendiendo a las circunstancias concurrentes, verbigracia, en tiempos de crisis y devaluación del mercado inmobiliario, suponga que no deba imponerse a quien como consecuencia de la transmisión sufra una pérdida o reducción en el valor de su patrimonio.  Esto es; cuando el valor de la enajenación es notablemente inferior al de adquisición del bien inmueble objeto de transmisión, lo que se traduce en la pérdida patrimonial.

    Última actualización: septiembre 27, 2017  

    septiembre 27, 2017   111    PLUSVALÍA  
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