Plusvalía del Ayuntamiento
16/06/2018
A vueltas con las sentencias sobre la Plusvalía del Ayuntamiento..
16/06/2018
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La Plusvalía del Ayuntamiento. La Sentencia.

La sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo indica que “el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión”.

Ese automatismo, es decir, el hecho de que el sistema determinado por la norma finalizara en una cuota a pagar al Ayuntamiento, en todos los casos, llevó al Tribunal Constitucional a considerar nulos los siguientes artículos de la Ley de Haciendas Locales de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; art.s 107.1; 107.2 y 110.4.

La norma cuestionada grava, sin admitir prueba en contrario, la mera titularidad del terreno durante el período de tiempo que cubre el intervalo que va desde el primer año, al menos, hasta los veinte años, como máximo. Bastará ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se produzca, de acuerdo con la normativa cuestionada, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática, mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia de la existencia real de ese incremento.

Establece, para ello, el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen por producirse cualquier transmisión de un terreno, por el solo hecho de haber sido titular del mismo durante una serie de años. Así si hubiera acontecido, en realidad, un decremento del valor del terreno, se hace tributar al contribuyente por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del artículo 31.1 CE.

Así la sentencia solo puede llegar a la conclusión a la que llega: “Se grava una renta ficticia imponiendo a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos y en consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica, declarando por tanto la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales”.

Por lo tanto, el Tribunal Constitucional declara nulos los artículos citados, pero no establece un procedimiento alternativo, puesto que esta no es su función y que deberá ser, en todo caso, competencia del Poder Legislativo y que a las fechas en la que se publica esta entrada aún no se ha regulado.

En una próxima entrada, veremos cuáles son las consecuencias de esta Sentencia, desde un punto de vista práctico, para nosotros los administrados.

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